En España, el régimen constitucional de 1876 entendía que las libertades debían consignarse en el texto constitucional, pero concebía dichas libertades, no como auténticos derechos constitucionales, sino como concesiones legislativas. En el escenario de final del siglo XIX, los derechos individuales solo existían en la medida que los generaba la Ley y, en este sentido, ésta se reservaba la capacidad de limitar los derechos de los habitantes nativos de posesiones extra peninsulares.
La Masonería española, y más concretamente el Gran Oriente Español, puso en marcha una tarea de concienciación social, destinada a hacer ver que los derechos que se derivan de las facultades inherentes al hombre no tienen más límite que ellos mismos y por tanto, no podían estar sujetos a limitación alguna. Consecuencia de ello fue la necesidad de poner punto y final al sistema esclavista imperante en las Colonias.
En España, el proceso de abolición legal de la esclavitud se inició en 1836, cuando se ordenó poner en libertad a todos los esclavos que llegasen a la Península, lo que suponía que la abolición solo se aplicase en territorio peninsular, se ponía así de relieve la doble moral con la que actuaba la Corona española, prohibía la esclavitud en la península mientras que la mantenía en las colonias. El paso siguiente en el proceso abolicionista se daría con la denominada “libertad de vientres”, que concedía la libertad a los futuros hijos de esclavas. Esta fue una propuesta hecha en 1868 por la Junta Revolucionaria de Madrid pero en ningún caso sería respaldada por las Cortes Constituyentes. Habría que esperar a 1870, momento en el que el ministro y miembro de la Orden Segismundo Moret la presentara nuevamente ante las Cortes Generales Extraordinarias y pese a no pocas resistencias la Ley acabaría siendo aprobada.
En los años precedentes a la Revolución Gloriosa de 1868, se había constituido en Madrid la Sociedad Abolicionista Española, que perduró hasta los primeros años de la Restauración. Su existencia, aunque fue corta, resultó fecunda, pues consiguió mover a la opinión pública a favor de la causa que defendía y aglutinaba a un buen número de liberales entro los que destacaría Rafael Mª de Labra, nacido en Cuba y buen conocedor de la situación. En 1870, empezaría a publicarse “el Abolicionista”, órgano de expresión de dicha sociedad, que contó con la activa colaboración de dos masones de élite: Pi Margall y Nicolás Salmerón quienes no dudaron en proteger por un lado, a la colonia de cubanos y portorriqueños que defendían el antiesclavismo y por otro a los peninsulares que simpatizaban con la idea y colaboraban activamente con ella. En 1873, se consiguió que quedase completamente abolida la esclavitud en la isla de Puerto Rico, hecho que sin duda alarmó a los propietarios cubanos que verían peligrar el orden colonial que a lo largo del siglo XIX había permitido al partido español ocupar una posición de privilegio en todas las esferas. Consecuencia de ello fue que para ampliar su acción opositora se crearon en varias ciudades los denominados Círculos Hispano Ultramarinos de ex residentes de las Antillas y se impulsó también en diversos puntos de la Península la creación de la denominada Liga Antiabolicionista.
Sobre la violación de los derechos fundamentales de los indígenas, aún a pesar de las leyes, la masonería española daría no pocas muestras de inquietud, así lo pone de manifiesto el extenso documento público divulgado por la logia Discusión de Madrid auspiciada por el Gran Oriente Lusitano Unido en el que leemos: “… considerando que el estado de esclavitud embrutece y denigra al hombre, oponiéndose al desarrollo de sus facultades morales e intelectuales los que suscriben, deseando que la masonería llene en España sus levantados y humanitarios fines como masones sinceros y como españoles honrados, desean que se haga justicia a la inofensiva raza africana, ambicionando que la masonería patria tome la parte activa que le debe corresponder en la redención de los esclavos que existen en las provincias ultramarinas de España.
Otro ejemplo lo observamos en Alicante. La masonería alicantina no dudó en utilizar la prensa de la época como correa de transmisión de ideas encaminadas a sensibilizar a la sociedad con la causa abolicionista, así en las páginas del periódico “La Humanidad” se pueden leer no pocos artículos contrarios a la esclavitud.
Ciertamente, a pesar de haber sido prohibida la esclavitud en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1880, el incumplimiento de las leyes era objeto de continuas denuncias, muestra de ello es que el Gran Maestro Adjunto del GODE, durante el banquete solsticial de 1881 pedía que la masonería siguiera trabajando en pro de la auténtica abolición de la esclavitud sin mixtificaciones.
Sin embargo, a pesar de campañas y esfuerzos mucho habría aún que esperar, porque la población de raza negra no equiparó sus derechos con los del resto de la población hasta fechas tan recientes como lo son los finales del siglo XX.
Fuente: http://www.enlalineadeltiempo.com/masoneria-y-derechos-civiles-la-campana-contra-la-esclavitud-en-las-colonias-espanolas/
No hay comentarios:
Publicar un comentario